En la base del conflicto de Emanuel surge un interrogante que aparentemente fue resuelto hace tiempo en Israel: ¿Puede un sector, comunidad o grupo, en nombre de un reglamento privado, discriminar a otro violando las leyes del Estado? Es verdad, no todo aspirante es admitido en cualquier asociación o kibutz, pero los criterios para no ser recibido deben ser transparentes y observantes de las leyes básicas.
Ninguna congregación puede vetar a una persona sólo porque ella pertenezca a una minoría étnica, nacional o religiosa. La realidad aún permite dificultar procesos de absorción y maniobrar con los candidatos, pero si éstos insisten, la ley estará a su favor; esa misma ley debe ser impuesta, cumplida y respetada.
En estos momentos, el conflicto racista en Emanuel dejó de ser un asunto interno para transformarse en nacional; la verdadera lucha es contra aquéllos que se oponen a reconocer la autoridad de la Corte Suprema de Justicia.
Las decisiones rabínicas no pueden estar por sobre las del Tribunal Supremo. Israel fue creado para ser un Estado justo, no un Estado religiosamente justo. Los padres ortodoxos askenazíes de Emanuel, que no aceptan el grado de religiosidad de sus homólogos sefaradíes, ignoraron los fallos judiciales; la descriminación, pasó a ser entonces el principal problema que obligó a tomar determinaciones categóricas por haber transgredido las leyes.
Las reacciones fueron violentas, manifestaciones de decenas de miles esperando que los policías duden, los jueces se asusten y los políticos se rindan. Cuando los padres se presentaron a ser detenidos, tal como lo demandaba el veredicto, lo hicieron sólo los hombres. La maniobra resultó efectiva; el Estado, sensible a las necesidades, adoptó su posición y explicó porqué las mujeres deberían continuar ignorando el fallo de los jueces.
Se trata de una lucha de fuerzas; así de simple. Quien aspire a la existencia de un Estado justo e igualitario, en el cual la Halajá no imponga nuestro estilo de vida, no puede rendirse. Es más fácil retroceder ante el conflicto, mirar para otro lado o renunciar para conservar una aparente paz interior que siempre será a cuenta de los discriminados. La acumulación de esas pequeñas claudicaciones es lo que cambia la imagen de Israel y lo transforma en algo totalmente contrario a sus aspiraciones iniciales como Estado.
En este siglo XXI, Israel debe decidir si está en OCDE o en Emanuel. Es su obligación fortalecer a los Tribunales de Justicia y recordar a ministros, parlamentarios y a los diferentes partidos políticos, su obligación a acatar las reglas de juego democráticas y respetar y defender los fallos de la Corte Suprema.
No hay un Estado de reserva y la alternativa la podemos ver aquí cerca.
